Prevén Ahora Crisis de Alquiler de Apartamento   
Concejo de LA Contra Prop-98   
Derechos de los Inquilinos en las Boletas Electorales   
Sección 8 Reduce Opciones   
El Salario no Alcanza para Comprar Vivienda
Manifestantes Abogan por Presevar el Control de Renta
Buscan incentivar vivienda asequible en centro de Los Ángeles
Compensación por Desalojo Aumenta
Inquilinos Desalojados Serán Mejor Remunerados
Desalojados Piden una Mejor Compensación
Piden Proteger los Apartamentos de Alquiler Barata
Comité Aprueba Medidas que Protegen a Inquilinos
Protestan contra la construcción de condominios
Recortes a subsidio afectarán remesas
En lucha por mejor vivienda
Inquilinos reciviran mas fondos por desalojos
Suben pagos por desalojos sin causa
Acuerdo beneficia a inquilinos
Medida ayudará a cientos de inquilinos de Sección 8
   
 

CES EN LAS NOTICIAS

    

El Alcalde de Los Ángeles,  Jim Hahn ensambla junto con CES en una conferencia de noticias para comunicar que la secesión de Hollywood y del valle de San Fernando presentan un peligro extremo al control de alquileres, derechos de inquilinos y la vivienda costeable.

           

1. La líder de inquilinos, Reyna Gonzales de CES es reconocida por el Procurador de la Ciudad de Los Ángeles Rocky Delgadillo por su duro trabajo y coraje en hacer que su edificion cumpla con las leyes de la ciudad.

2. Lider de inquilinos de CES  y empleados de ICLC son entrevistados duranted un evento de viviendas saludables.

 


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LA OPINION

3 de Mayo de 2008

Prevén Ahora Crisis de Alquiler de Apartamento

Estudio de la Universidad de Harvard revela que el problema hipotecario aumenta las presiones sobre los estadounidenses que rentan vivienda


Por Róger Lindo

El descalabro del sector hipotecario no sólo ha destruido las esperanzas de millones de personas de tener casa propia y desatado una crisis financiera con repercusiones globales, sino que además amenaza con agravar la carencia crónica de viviendas de alquiler, particularmente en metrópolis como Los Ángeles.

Es lo que indica un estudio reciente del Centro Conjunto de Estudios sobre Vivienda, de la Universidad de Harvard. Señala que si bien un porcentaje de los que han perdido su casa se harán de otra vivienda o buscarán reacomodo con sus parientes, un buen número de ellos acabarán rentando.

Es el caso de Rosa y Daniel Castro, que acaban de poner su casa de Palmdale en régimen de venta rápida -short sale- para evitar un embargo, y se han dedicado a buscar un apartamento para alquilar.

"Hace una semana firmé los papeles, estamos esperando a ver quién compra. A la vuelta de la esquina hay como cuatro casas en short-sale y en esta cuadra otras tres. Esta ciudad está convirtiéndose en un pueblo fantasma", dijo Rosa.

Entre 2006 y 2007 el número de familias que alquilaban subió 2.8%, lo que equivale a una demanda extra de un millón (en cambio, en todo el período 1995-2005 el número de familias que alquilaron apenas subió en 2.6 millones, comparado con 10.7 que compraron casa).

El reporte de Harvard hace ver que además de incrementar la competencia por los escasos apartamentos de bajo alquiler disponibles, la crisis hipotecaria va a acabar por mermar la construcción y preservación de ese tipo de unidades. El proceso empezó realmente a partir de 2004, en la cresta de la fiebre hipotecaria, cuando los promotores inmobiliarios aceleraron la conversión de multifamiliares de alquiler para construir condominios.

Tan sólo en 2007 se construyeron 169 mil menos unidades para alquilar, el nivel más bajo, dice el estudio, desde la recesión de principios de los 90. De no ser por la existencia del Programa Federal de Vivienda de Bajo Costo (LIHTC), que otorga créditos fiscales a las constructoras que incluyen un cierto porcentaje de este tipo de apartamentos de bajo costo en cada complejo residencial que construyen, el número de unidades de alquiler hubiese caído aún más.

Las nuevas presiones sobre el mercado de la vivienda de alquiler ejercerán un costo alcista sobre los precios. Ya en 2007, según la Coalición Nacional para la Vivienda Accesible (NLICH), una persona debía ganar 16.31 dólares la hora, casi tres veces el salario mínimo de entonces, para poder pagar un apartamento de dos recámaras (sin tener que utilizar más del 30% de sus ingresos).

"Hay que recordar que esos datos son de 2005, desde entonces las cosas han empeorado: la vivienda costeable sigue desapareciendo, conseguir una vivienda con dos habitaciones es más costoso que nunca en cualquier parte del país y el número de familias que cohabitan en un solo lugar se ha duplicado y hasta triplicado", comentó Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Supervivencia Económica (CES).

En algunos vecindarios donde las rentas exceden 1,500 dólares al mes, calcula el reporte de Harvard, una familia debe estar compuesta por más de cinco personas que trabajan a tiempo completo para poder pagarse un techo.

Se calcula que el número de las familias que rentan en Estados Unidos supera los 37 millones. Por otro lado, según datos recientes del Instituto Greenlining, el número de viviendas que se encuentran en peligro de ejecución ronda los tres millones.

Según el estudio, el golpe hipotecario está perjudicando con particular saña los barrios donde residen los trabajadores de bajos ingresos y las minorías, lo que acentuará la carencia crónica de vivienda de alquiler en ese tipo de vecindarios.

De acuerdo con datos que ofrece la Ley de Divulgación de Hipotecas de Vivienda (HMDA), citadas por la investigación de Harvard, aunque los préstamos de alto riesgo con altos intereses fueron el 27% de todas las aperturas hipotecarias registradas en 2006, en las áreas residenciales de menores ingresos ascendieron al 45% del total.

Estas áreas son las mismas donde ya existe una aguda carencia de vivienda costeable.

Esta realidad no escapa a los Castro, y por ello han tomado la determinación de alquilar en Palmdale.

"En el Valle de San Fernando no se puede alquilar un apartamento con dos habitaciones por menos de 1,100 dólares. Aquí todavía se puede conseguir lo mismo por 795 dólares", dijo Rosa.





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LA OPINION

17 de Avril de 2008

Concejo de LA Contra Prop-98

Por Agustín Durán

El Concejo de Los Ángeles aprobó ayer una moción contra la Proposición 98 al considerar que esta eliminaría el control de renta y afectaría a más de 628 mil familias de bajos recursos en la ciudad.

Eric Garcetti, presidente del Concejo fue el autor de la resolución que se opone a la Prop. 98.

"Lo que hace esta resolución es alertar a la gente de los verdaderas causas que provocaría la Prop. 98 en caso de ser aprobada", expresó July Won, portavoz de Garcetti.

Aunque oficialmente la ciudad no tiene jurisdicción sobre esta medida estatal, el hecho que todo el Concejo de Los Ángeles se oponga manda un mensaje a los votantes que podría ser escuchado en todo el estado y prevenir sus consecuencias, señaló Won.

La medida será sometida a votación del electorado el próximo 3 de junio.

Según la página de internet de la campaña a favor de Prop-98, esta regresaría el derecho a los dueños de casa de proteger su propiedad contra el gobierno o constructoras que traten de hacer valer el derecho de expropiación para la realización de proyectos, excepto de beneficio público.

En la misma página, César Enríquez, residente de Nacional City, subraya en un video que la Prop-98 se enfoca en el tema de justicia social.

"Ni el gobierno ni la iniciativa privada deberían tener derecho de prácticamente desaparecernos -sus propiedades- para beneficio de unos cuantos", dice Enríquez en el video.

Sin embargo, Larry Gross, director de la Coalición por la Supervivencia Económica (CES), expresó que las grandes corporaciones de construcción quieren que la gente crea que se trata de proteger la propiedad, cuando en realidad hace todo lo contrario.

"Lo único que buscan estas grandes corporaciones de construcción es eliminar el control de renta que por años les ha impedido incrementar sus ganancias indiscriminadamente", expresó.

"Si los votantes aprueban la Prop-98 lo que estarán haciendo es dejar desprotegidas a 600 mil familias que podrían terminar en la calle y sin ningún recurso que evite que los dueños de edificios los evacúen", agregó.


Además, indicó que prueba de ello es que grandes corporaciones de construcción son las que han apoyado la campaña de la medida en un 80%.

Sin embargo, como parte de su campaña, los simpatizantes de la Prop. 98 despliegan en su sitio testimonios de dueños de casa y negocios que no quieren perder sus propiedades a favor de un proyecto de condominios en National City.

Hasta el cierre de esta edición, representantes de la campaña a favor de la Prop. 98 no habían respondido a las llamadas para obtener sus comentarios.

Gross indicó que esta es una propuesta "maquillada" que busca proteger a los dueños de propiedades de las grandes industrias, a la vez que impide mayores regulaciones contra las industrias.

El director de la coalición expresó que pedirán al Concejo que actúe en una forma más activa, ahora que han analizado que las consecuencias de la Prop-98 serán fatales para la ciudad.







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LA OPINION

3 de Marzo de 2008

Derechos de los Inquilinos en las Boletas Electorales

La Proposición 98 acabaría con el control de la renta y afectaría a los de menor ingreso


Por Róger Lindo

Berta Barrera y su familia han vivido en el mismo apartamento de North Hollywood por siete años, pero recientemente ella y otras decenas de inquilinos de su complejo residencial han recibido la orden de mudarse.

"Los chamacos no quieren irse, por la escuela, pero el propietario del edificio tiene planes de remodelar y no hay más qué hacer", dijo en una entrevista.

Para Larry Gross, la suerte de esta arrendataria de bajos ingresos y de sus vecinos de la Avenida Lankersheim representa el campanazo de alerta sobre lo que podría ocurrir en todo el estado si se aprueba en junio la Proposición 98.

La iniciativa se anuncia principalmente como la adalid de los propietarios amenazados por los excesos del eminent domain, una facultad que autoriza a los gobiernos municipales y condales a expropiar terrenos y propiedades privadas para ser utilizados en proyectos comerciales o inmobiliarios.

Pero la 98 también aborda las políticas de control de rentas, vigentes desde 1995. Según el director ejecutivo de la Coalición por la Supervivencia Económica (CES), Larry Gross, los cambios llevarán "a un desplazamiento masivo de inquilinos de bajos y medianos ingresos."

Según él, protecciones como el derecho de los arrendatarios a contar con un período de gracia (30 o 60 días dependiendo del tiempo del alquiler) antes de ser desalojados o a que se les regrese el depósito al finalizar del arriendo, serían borrados de un plumazo.

En Los Ángeles, según la CES, la cifra de personas amparadas bajo ley arrendataria ronda los 600 mil.

Esta organización forma parte de una larga lista que incluye asociaciones de inquilinos de apartamentos y casas rodantes de todo el estado, juntas directivas de distritos escolares, sindicatos, iglesias, ligas de votantes, gobiernos municipales y asociaciones de jubilados.

Estos grupos han logrado incluir en la boleta de junio una iniciativa similar, la 99, que restringe la aplicación del poder de eminent domain y preserva al mismo tiempo las leyes de control de renta.

Paul Coupal, presidente de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, una de las principales fuerzas detrás de la Propuesta 98, aseguró que la cláusula sobre control de rentas de esta iniciativa no difiere mucho de la ley actual (el texto oficial de la propuesta explica que la protección de la ley seguirá en vigencia mientras el inquilino no se mude), aunque indicó que este tipo de leyes, en la práctica, erosionan la oferta de vivienda económica.

"En lugares como Santa Mónica y Venice el control de la renta hace posible que un cirujano y otros pudientes paguen rentas bajísimas", declaró.

Tom Hogen-Esch, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Estado de California en Northridge (CSUN) ve en la iniciativa un intento muy ambicioso para desactivar gradualmente los mecanismos de protección de la renta en California, y teme que la 98 acabe por eliminar las protecciones legales a la construcción de vivienda asequible.

Manuel Cosme, miembro de la campaña por la 98, aseguró en cambio que quienes van a beneficiarse con la medida son los pequeños empresarios, y aludió a un tendero en Manteca (norte de California) a quien el gobierno y una promotora inmobiliaria quieren expropiarle su comercio.

"Esta va a ser una gran batalla", pronosticó.





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LA OPINION

1 de Marzo de 2008

Sección 8 Reduce Opciones

Reporte indica que los fondos de ayuda para arrendamiento son insuficientes


Por Róger Lindo

Dulce Peña y su familia tienen fuertes razones para sentirse agradecidos con el programa de ayuda de arrendamiento Sección 8, gracias al cual el gobierno federal subsidia el 70% de la renta de su apartamento en Echo Park.

"Antes vivíamos en la zona de la Calle Sexta y Bonnie Brae. Desde pequeña sabía que era un sitio donde las drogas circulaban mucho. Un día encontramos sangre en una pared del vecindario, de un crimen que se había cometido allí", dijo.

Desde hace siete años, ella y sus dos hermanos, de 15 y 17 años respectivamente, viven con su madre en este barrio al oeste del estadio de los Dodgers, donde se sienten más seguros. Dulce asiste a Glendale Community College y trabaja a tiempo parcial en una guardería. De no ser por ese subsidio federal, afirma, tendría que echarse encima otros dos trabajos para cubrir los 900 dólares de la renta. La chica está convencida de que la mudanza fue fundamental para mantener a su hermano menor a salvo de las pandillas.

El programa ampara a casi dos millones de familias en todo el país, aproximadamente 300 mil en California y 44,500 en Los Ángeles. Los beneficiarios (trabajadores de bajos ingresos, personas de edad avanzada o discapacitados) tienen que pagar aproximadamente el 30% del valor de la renta y el resto lo cubre el gobierno.

Pero según un reporte reciente de California Budget Project (CBP), sólo una cuarta parte de los hogares que cumplen los requisitos para el programa reciben el subsidio y muchas regiones tienen largas listas de espera; el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha dejado de aceptar nuevas solicitudes, limitándose prácticamente a extender la vigencia de los cupones que expiran. Entre 2004 y 2006 aproximadaemnte 150 mil fueron suprimidos y el número actual de familias beneficiarias, indica el CBP, es inferior al que existía en 2003.

"Hay tan pocos plazos, que sacar una vivienda bajo Sección 8 es como sacarse la lotería", comentó Peter Dreier, director del Programa de políticas de urbanismo y medio ambiente de Occidental College.

Y es que alquilar vivienda en ciudades como Los Ángeles, donde las rentas están por la estratosfera, es cada día más caro. Si uno se guía por los precios actuales del mercado, dijo el experto, un trabajador necesita ingresar de 25 ó 26 dólares por hora para alquilar un espacio.

Lo más grave es que el inventario de unidades disponibles para los inquilinos con Sección 8 se está achicando aceleradamente. Muchos propietarios que recibieron fondos o préstamos federales a cambio de mantener unidades disponibles para inquilinos con Sección 8 están saliéndose o tienen pensado abandonar el programa una vez que expiren sus contratos, lo que va a ocurrir pronto en muchos casos.

De acuerdo con el estudio de CBP, más de 17 mil se han salido del programa desde 1996, a las que pudieran sumarse 93 mil adicionales de aquí a 2017.

Ese encogimiento obedece, de acuerdo con David Díaz, director del programa de Estudios Urbanísticos de Cal State en Los Ángeles (CSU/LA) a tres causas: la reducción de los subsidios federales para la renta, la facilidad con que los dueños de apartamentos pueden desembarazarse del programa y el alza en el valor de la tierra, que crea un poderoso incentivo para romper con Sección 8 y dedicarse mejor a construir condominios o rentar a los pudientes.

La respuesta del gobierno a los propietarios de complejos construidos con fondos públicos que optan por no seguir con Sección 8 es ofrecer a los inquilinos desplazados unos cupones especiales que les permiten reubicarse en complejos habitacionales privados.

"Es como un ziz-zag, hay una caída y después una subida", dijo Larry Bush, portavoz del HUD. Agregó que el 40% del presupuesto de esta institución se destina a los cupones de Sección 8, muestra, según él, del interés que Washington presta a los trabajadores de bajos ingresos.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Sobrevivencia Económica (CES) de Los Ángeles, piensa, en cambio, que la actual Administración del presidente George W. Bush es tan hostil al programa y que se requerirá un cambio de mando para que éste no sufra más erosiones. "Por eso es tan importante la elección en noviembre", afirmó.

El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, considera que el subsidio federal a los que rentan es particularmente esencial en una época en que los precios de la vivienda se han disparado y cuando el sector inmobiliario del país encara una de las peores crisis de su historia.

"La semana que viene me reuniré con el secretario de Vivienda. Él quiere hablar sobre el tema de Sección 8", dijo Villaraigosa a la Junta Editorial de este periódico.

A Alfonso Jackson, el secretario del ramo, le espera una gran recepción durante su visita a Los Ángeles. Aprovechando su presencia, varias organizaciones preparan actividades para llamar la atención sobre la carencia de vivienda costeable en esta ciudad.

"Una de las cosas más importantes que vamos a pedir al Concejo Municipal es que proteja el actual inventario de unidades privadas para arrendamiento. Hay demasiadas demoliciones, demasiadas conversiones. Todo esto está exacerbando la crisis de vivienda", declaró Dreier.






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LA OPINION

31 de Enero de 2008

El Salario no Alcanza para Comprar Vivienda

Aunque los precios de las casas han bajado en muchas ciudades aún están fuera del alcance del trabajador promedio


Por Agustín Durán

A pesar de que los precios de la vivienda siguen bajando, ser elegible para poder comprar una casa todavía permanece fuera del alcance del trabajador promedio, siendo los latinos el grupo más afectado.

Un estudio realizado por el Centro para Política de Vivienda en Washington, comparó el costo de las viviendas en 200 ciudades de Estados Unidos y concluyó que por ahora los trabajadores de 60 posiciones en todo el país, no pueden solventar el pago de una casa y en algunas ocasiones, ni la renta.

Entre las posiciones analizadas se consideraron las cinco de más demanda en toda la nación e incluían a las enfermeras registradas, vendedores, trabajadores de servicios representativos, secretarias y preparadores de comida.

El estudio denominado De cheque a cheque: salarios y el costo de la vivienda en América subraya también que debido a que las personas no pueden rentar o comprar casa cerca de sus trabajos, tienden a alejarse del área, lo que complica la contratación de personal calificado en las compañías.

"La realidad es que la mayoría de las familias trabajadoras están todavía empleándose en trabajos de servicio tradicionales", explicó Jeffrey Lubell, director ejecutivo del centro. "En muchas de estas ciudades, estas familias continúan enfrentando mensualidades e hipotecas muy por encima de su alcance y, como resultado, hasta los empleadores tienen dificultad para atraer fuerza trabajadora calificada".

Larry Gross, director de la Coalición de Sobrevivientes Económicos en Los Ángeles, expresó que a consecuencia de las altas rentas muchas familias, particularmente las de bajos recursos, tienen que compartir la vivienda hasta con dos o tres familias.

"En los últimos años la gente pobre, principalmente las minorías han destinado más dinero de su ingreso para la renta, pero se las ingenian eliminando gastos en la comida o en la salud", expresó Gross. "Lo que pasa es que ahora la crisis de vivienda ya llegó a la clase media y ha orillado a los empleados que necesita una ciudad, a salirse de ella porque pueden trabajar, pero no vivir en ella".

Jack Kaiser, economista del condado de Los Ángeles, indicó que en 2007 el precio promedio de una casa en Los Ángeles alcanzó los 616 mil dólares, su curva más alta en los últimos años, pero a la fecha, el precio ha bajado hasta 487 mil.

"El precio depende de dónde vivas o dónde quieras comprar una casa, pero se espera que en los siguientes meses sigan bajando y debido al número de reposiciones que ha habido en unas áreas (como Riverside y Pico Rivera), los precios podrían ser sorprendentemente bajos", expresó Kaiser.

Joseph David, especialista certificado en planeamiento hipotecario expresó que en la medida que los precios de la vivienda bajen y los salarios se mantengan, el mercado se empezará a estabilizar y habrá un nuevo repunte al final del año, sin embargo, enfatizó. "Nunca será lo mismo como hace tres años".

Por lo pronto Gabriel Reyes, agente de bienes y raíces, indicó que la gente sigue comprando, no como antes, pero por ahora las casas que están en 300 mil o 350 mil dólares son accesibles para primeros compradores porque sólo tiene que poner el 3% de enganche.

El estudio menciona que los trabajadores en preparación de comida y revendedores, algunos donde los latinos tienen gran presencia, no tuvieron oportunidad de comprar casa en ninguno de los 200 mercados.

Las enfermeras que ganan el salario promedio para la profesión podrían comprar una casa en sólo 93 de los 201 mercados (ciudades) del país, de acuerdo con el estudio. Eso es una mejora comparado con 2006 cuando este tipo de profesionales sólo podía comprar una vivienda en 87 mercados.

Los empleados de atención al cliente podrían comprar una casa al precio promedio en 16 mercados del país (cuatro más que en 2006) y los trabajadores de oficina en cinco (el año pasado en tres). Los trabajadores de preparación de alimentos y vendedores en tiendas minorias no podrían comprar casa en ninguna parte.

El reporte cubrió los tres últimos meses de 2007, cuando los precios cayeron aún más, encontrando que el acceso a la vivienda había mejorado.

Si quiere ver el estudio completo visite http://www.nhc.org/






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HOY

31 de Octubre, 2007

Manifestantes Abogan por Presevar el Control de Renta

Por Selene Rivera Colaboradora

Los Ángeles -- Cerca de cien personas, entre inquilinos y activistas comunitarios, protestaron ayer los intentos de la Asociación de Dueños de Apartamentos de California y otras entidades que - según los manifestantes - planean introducir una iniciativa electoral que “dejaría, literalmente, en la calle a cientos de miles de personas que rentan sus viviendas".

La iniciativa, conocida como The California Property Owners and Farmland Protection Act, propone - entre otras cosas - que se realicen modificaciones al programa de control de renta en las viviendas. Algo que, para los activistas, es la gota que derramó el vaso, ya que, de ser aprobada, afectaría a personas de escasos recursos económicos, a los ancianos, veteranos de guerra y miembros de las minorías.

La manifestación se realizó frente al Centro de Convenciones de Los Ángeles, mientras en sus interiores se reunían los partidarios de la propuesta de ley.

“Estamos aquí para evitar que se lleve a las urnas electorales una iniciativa que quiere [hacer] desaparecer el control de renta que existe en California”, dijo Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Sobrevivencia Económica. “Actualmente, los gobiernos locales de varias ciudades del estado tiene el [programa de] control de renta para evitar que los dueños de apartamentos aumenten el costo del alquiler a su antojo", añadió.

"La nueva iniciativa, que usa como escudo la restricción del dominio inminente, lo que quiere en realidad es desaparecer el control de renta gubernamental y darle el poder a los dueños de apartamentos”, expuso Gross.


Y es, de acuerdo a los activistas, la iniciativa se enfoca en el tema del dominio inminente (inminent domain), pero subliminalmente esconde la cláusula del control de renta.

“Simplemente, la ciudad de Los Ángeles tiene 640 mil unidades de vivienda bajo el control de renta. En muchas de esas unidades vive gente muy pobre que no podrían sustentar una alza [en la renta]”, dijo Roberto Bustillo, de la organización Acciones Estratégicas para una Economía Justa (Strategic Actions for a Just Economy).

Por su parte, Jon Coupal, presidente de Howard Jarvis Taxpayers Association (Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis), una de las asociaciones que patrocina la iniciativa, dijo a HOY: “La medida se concentra principalmente en la limitación del dominio inminente. Además, la iniciativa tiene una cláusula que dice que cualquier persona, cuyo hogar se encuentre bajo control de renta puede seguir bajo ese control mientras habite en ese lugar. Si la persona decide mudarse, entonces la propiedad regresaría a un valor de precio de mercado justo”.

Según Coupal, la iniciativa cuenta con 800 mil firmas de electores para ser llevada a las urnas en junio del 2008. “En realidad, se necesitan sólo 694 mil firmas, pero queremos llegar a un millón para estar seguros”, agregó.






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HOY

14 de augosto, 2007

Buscan incentivar vivienda asequible en centro de Los Ángeles

Por Francisco Castro

Los Ángeles -- Frente a un gran agujero donde en dos años se erguirá un edificio de 30 pisos con tiendas y residencias, el alcalde Antonio Villaraigosa firmó ayer una ordenanza que busca incentivar el desarrollo residencial y proveer vivienda asequible en el centro de la ciudad.

“El centro de Los Ángeles está en movimiento y es imperativo mantenerlo así”, dijo Villaraigosa, quien alabó la nueva ordenanza por “eliminar la burocracia y permitir un centro más vibrante y elegante”.

La ordenanza, presentada por la concejal Jan Perry y aprobada la semana pasada, dará concesiones especiales a constructores, siempre y cuando provean un mínimo del 5% de viviendas para personas de bajos recursos. La ordenanza también prohíbe que dueños de propiedades eliminen unidades asequibles durante renovaciones. Sin embargo, la ordenanza sólo aplica a edificios ubicados en el centro de Los Ángeles - desde la Autopista 101 en el norte, hasta el bulevar Martin Luther King Jr. en el sur; y desde la Avenida Figueroa al oeste, hasta el bulevar Alameda al este.

“A través de incentivos bien planeados, estamos creando oportunidades para que nuestra comunidad urbanizadora nos apoye en nuestros esfuerzos por no sólo incrementar la cantidad de viviendas en la ciudad, sino aumentar el número de unidades disponibles para vivienda de bajos recursos”, dijo Perry, en conferencia de prensa realizada en la esquina de la calles Flower y Nueve, donde se construye el proyecto “Concerto”.

Concerto contará con dos torres residenciales y comerciales con más de 600 unidades de vivienda, algunas con un precio de más de un millón de dólares.

A pesar de estos precios, Perry y Villaraigosa enfatizaron que proyectos como este buscan proveer viviendas asequibles a personas de bajos recursos. El constructor de Concerto, Sonny Astani, reconoció que sus unidades no son para todo el mundo, aunque dijo que la mitad de las residencias costarán entre 450,000 y 550,000 dólares - monto “accesible” para primeros compradores y familias jóvenes.

Larry Gross, director ejecutivo de  la Coalición para la Sobrevivencia Económica (CES), dijo que la ordenanza hace muy poco por las familias pobres. “No hay garantía de que se vaya a construir vivienda barata. Y lo que se haga, será una gota en la cubeta de lo que realmente se necesita”, dijo Gross. “El resultado es más 'aburguesamiento' del centro de la ciudad, pérdida de vivienda accesible existente y el desplazo de residentes de bajos recursos.”






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LA OPINION

12 de abril, 2007

Compensación por Desalojo Aumenta

Concejo dice que su decisión se enfoca en las realidades del mercado de la vivienda


Por Jazmín Ortega

Pese a las diferencias de opiniones sobre cómo asistir mejor al 70% de los angelinos que alquilan apartamento, el Concejo aprobó ayer de manera unánime el aumento a la compensación en casos de desalojo.

En casi dos horas de debate ayer, el Concejo decidió apoyar la medida presentada por el concejal Herb Wesson, que permitirá que inquilinos con más de tres años en su apartamento reciban 9,040 dólares en gastos de reubicación y mudanza, e inquilinos que además sean discapacitados, mayores de 62 años de edad o tengan hijos dependientes reciban 17 mil.

Asimismo, personas con menos de tres años como inquilinos recibirán 6,810 dólares, mientras que quienes reúnan los requisitos adicionales recibirán 14,850, retroactivo al día de ayer, una vez que la iniciativa sea firmada por el alcalde Antonio Villaraigosa.

De acuerdo con la estructura de pago, inquilinos con ingresos de menos del 80% del promedio de ingresos del área (55 mil dólares para una familia de cuatro personas) recibirán entre nueve mil y 17 mil dólares, sin importar cuánto tiempo pagaron alquiler por su apartamento.

"Las acciones del Concejo duplicaron y en algunos casos triplicaron las cuotas de reubicación que sólo han visto aumentos mínimos desde 1987", dijo el presidente del Concejo, Eric Garcetti. "Las nuevas cuotas están basadas en las realidades del mercado de la vivienda, y reducirán la inseguridad de arrendatarios de clase media y clase trabajadora de Los Ángeles", afirmó.

Ayer fue la segunda vez que el Concejo votó por el aumento para la reubicación de inquilinos, ya que la semana pasada una propuesta similar, pero que requería un período de residencia de cinco años, recibió nueve votos, uno menos del necesario para ser aprobado.

Todos los inquilinos —sin importar si sus viviendas no están en el programa de estabilización de renta, recibirán el mismo pago— están protegidos bajo el plan.

La compensación por reubicación fue impuesta en 1981, cuando se fijó en mil dólares para inquilinos en condiciones regulares y 2,500 para los que cumplían condiciones especiales.

Esa cifra fue aumentada a dos mil y cinco mil dólares, respectivamente. El último aumento ocurrió el año pasado, cuando el Concejo fijó la cifra en 3,450 y 8,550 para personas mayores de 62 años, discapacitados y padres de familia con hijos dependientes.

"Se trata de tener compasión por seres humanos que no tienen los medios para mudarse", dijo el concejal Dennis Zine, quien representa al noroeste del Valle de San Fernando.

Pero el sector privado consideró excesivo el aumento.

Brian Paul, quien es propietario de un edificio de apartamentos, consideró que la medida es un impedimento para el desarrollo de más unidades de renta.

"El Concejo está creando una situación en la que los empresarios se van a ir a otras ciudades donde no existan tantos requisitos", dijo Paul. "En lugar de desarrollar una política sensata están poniéndole una ‘curita’ al problema", precisó.

Tanto grupos de apoyo a inquilinos como concejales como Wendy Greuel manifestaron su inquietud de que dueños de apartamentos discriminen a solicitantes con ingresos que después les permitan recibir la cifra más alta de compensación.

"De por sí es difícil para personas de bajos recursos alquilar un apartamento en Los Ángeles, y ese requisito empeoraría la situación", dijo Shashi Hanuman, abogada de Public Counsel, al oponerse al requisito de ingresos menores al 80% del promedio local.

Wesson accedió a implementar esa disposición hasta el 1 de julio del año próximo, a menos que el Concejo vote para extenderla.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Supervivencia Económica, aplaudió la reducción del período de residencia de cinco a tres años que se produjo entre el voto de ayer y el del 4 de abril, "ya que beneficiará a un mayor número de personas".

Agregó que además de proteger a inquilinos el municipio debe tomar pasos para limitar el número de proyectos de conversión de apartamentos a condominios.

"Este es el paso indicado, pero no significa que su trabajo ha terminado", dijo Gross a los 12 integrantes del Concejo presentes. "Si no conservamos las viviendas existentes, estaremos caminando sin avanzar", afirmó.


Tanto el público que prestó testimonio como el Concejo coincidieron en que la medida es una cura temporal a una crisis de vivienda, en la que el 12% de los residentes de Los Ángeles gana lo suficiente para pagar el precio promedio de un hogar en esta ciudad.

Michael McKew, representante de inquilinos en Studio City, cuestionó la postura de Parks, de favorecer la construcción de condominios que están fuera del alcance del residente promedio.

"Si sólo el 12% de la población puede comprar un condominio, ¿entonces para quién los están construyendo?", afirmó. "Estoy seguro que no son para el 88% de la población", agregó.

La concejal Janice Hahn opinó que lo aprobado ayer "es como ponerle el dedo a una gotera en un dique, porque no es una solución a largo plazo".

Kate Bartolo, representante de la Asociación Central de la Ciudad (CCA), dijo ayer que las compañías inmobiliarias reconocen "que hay mucho dolor" por los desalojos para convertir apartamentos a condominios, pero que la solución aprobada no era la indicada.

"Debemos hacer a un lado las etiquetas de inquilino y propietario y encontrar una salida a través de la educación de inquilinos y la protección de las viviendas existentes", afirmó.






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HOY

12 de abril, 2007

Inquilinos Desalojados Serán Mejor Remunerados

Por Andrea Carrión

Los Ángeles -- El Concejo de la ciudad de Los Ángeles votó unánimemente ayer por una propuesta de reubicación asistida para elevar la remuneración monetaria que reciban los inquilinos que resulten desalojados debido al 'boom' por el que está atravesando la ciudad en cuanto a la conversión de edificios viejos por condominios lujosos.

De la lista de propuestas aprobadas, las más significativas para los inquilinos son las siguientes: la que reduce de cinco a tres años el tiempo mínimo requerido que cada inquilino vivió en su unidad para poder recibir algún tipo de compensación. Por ende, quienes vivieron tres años o menos calificarían para recibir entre 6,810 y 14,650 dólares. Quienes hayan vivido en el departamento a ser desalojado tres o más años podrían recibir entre 9,040 y 17,080 dólares.

Otra propuesta aprobada por el Concejo fue que, a partir de ayer, todo inquilino que sea víctima de desalojo por conversión de la propiedad en un condominio calificaría para el paquete de las máximas remuneraciones (entre 9,040 a 17,080 dólares) según cada caso.

Ahora sólo falta esperar por la firma del alcalde Antonio Villaraigosa para que dichas propuestas entre en efecto con una ley.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición por la Supervivencia Económica, organización que defiende a los inquilinos, dijo haber ganado esta batalla, pero que aún falta resolver el problema de esta "vertiginosa construcción de condominios, de la destrucción de viviendas asequibles y del desalojo de inquilinos de bajos recursos".

En los últimos cinco años se han perdido 12 mil unidades de vivienda de alquiler controlado para ser convertidas en condominios. Sólo el año pasado se aprobaron solicitudes para la respectiva conversión de tres mil departamentos y estudios.





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HOY

11 de abril, 2007

Desalojados Piden una Mejor Compensación

Por Andrea Carrión Diario

Los Ángeles -- La mayoría de los inquilinos que viven en un complejo de departamentos ubicado en la cuadra 400 de la calle Witmer, en Los Ángeles, no tiene idea de dónde dormirán una vez que la ya publicada orden de desalojo entre en efecto.

Las familias -latinas en su totalidad- que viven en las diez unidades de esta propiedad ya se han resignado a dejar el vecindario que ha visto crecer a sus hijos. Ahora lo único que les queda, dijeron, es esperar a que los dueños anuncien la cuenta regresiva y que las autoridades de la Ciudad les echen una mano con el dinero que puedan recibir para su reubicación.

Ayer, Juana Joya, una mexicana de 67 años de edad que ha pasado los últimos siete años de su vida en este complejo, dijo haberse convertido en una víctima más de un tsunami que está arrasando con departamentos antiguos por nuevos y lujosos condominios en distintas áreas de la ciudad.

"Dicen que a mediados de mayo nos dirán que nos quedan tres meses acá. ¿Dónde voy a encontrar un departamento por 455 dólares? Francamente no sé qué voy a hacer cuando nos obliguen a dejar este lugar", comentó Joya, quien vive de los 826 dólares que recibe del seguro social de su difunto marido.

Precisamente hoy miércoles se espera que el Concejo de la ciudad de Los Ángeles vote por una propuesta para elevar la cuota que deban pagar los propietarios de los condominios por ser construidos a los inquilinos que resulten evacuados. Se necesitan 10 votos para que pase.

Sobre la mesa están varios elementos de la propuesta, como elevar la indemnización de 6,810 a 14,650 dólares a quienes tengan menos de 5 años viviendo en la propiedad; así como también elevar de 9,040 a 17,080 dólares a quienes tengan más de cinco años.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición por la Supervivencia Económica, organización que defiende a los inquilinos, dijo estar presionando para que el mínimo de años sea de tres ya que miles de familias de bajos recursos que enfrentan desalojo se quedarían sin un centavo.

Nicolás Coxaj tiene 14 años viviendo en este complejo. Él paga 581 dólares al mes y se mudaría del estado en caso no encuentre un alquiler que pueda pagar. Sus vecinas, Lucía Martínez y Jessica Barrera, viven con otras siete personas en su departamento, cuyo alquiler de 466 dólares se comparte entre todos.

"¿Dónde nos van a aceptar a todos? En cualquier lugar no aceptan niños. Además yo no trabajo para poder cuidar a mis dos hijos. ¿Cómo vamos a pagar?", se preguntó Barrera, una mexicana de 26 años de edad.

En los últimos cinco años se han perdido 12 mil unidades de alquiler controlado para ser convertidos en condominios. Sólo el año pasado se aprobaron solicitudes para convertir tres mil unidades de vivienda.

Para Gross, la principal preocupación es que los concejales aprueben el plan de asistencia de reubicación y punto. "Si es así lo único que habrán hecho será legitimizar la destrucción de viviendas asequibles", dijo Gross.

Andrew Westall, oficial de la oficina del concejal Herb Wesson, jefe de la Comisión de Vivienda del Concejo, aseguró que la moción de reubicación asistida no será lo único que haga la Ciudad para ayudar a las familias desalojadas de bajos recursos.

"Necesitamos construir más departamentos asequibles y ayudar a que la gente pueda pagar por el alquiler de sus viviendas", señaló Westall.





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HOY

1 de noviembre, 2006

Piden Proteger los Apartamentos de Alquiler Barata

Por Andrea Alegría

Los Ángeles -- ¿Dónde van a vivir las personas de bajos y medianos recursos?

Esa fue la pregunta que hicieron ayer decenas de inquilinos y residentes de Los Ángeles que dijeron estar preocupados por la conversión de edificios de apartamentos a condominios, durante una sesión del Comité de Vivienda del Concejo Municipal.

"Se oye muy bien, sería muy bonito que todos fuéramos dueños de casas, pero es un sueño inalcanzable", dijo Silvia Viramontes, organizadora de la Coalición Por la Supervivencia Económica y quien llegó acompañada de Rosa Flores y Ángela Gómez para mandar un mensaje fuerte a los concejales con su presencia.

"Queremos un moratoria a la conversión y demolición de apartamentos ahora", expresaban los mensajes que llevaban pegadas estas inquilinas sobre sus camisetas.

Otros inquilinos viajaron desde Sherman Oaks después de recibir notificaciones de 180 días, en las que les informaban que tendrían que desalojar porque el edificio sería convertido en condominios.

"Hay un 3.6% de apartamentos vacantes en el área; no hay a donde ir si quisiéramos permanecer en esa área", dijo Brooke Harker. Como ella, alrededor de 350 inquilinos de su edificio recibieron la misma notificación.

A raíz de la falta de vivienda asequible y la conversión y demolición de edificios de apartamentos que está sucediendo en varias partes de la ciudad, el Concejo se encuentra considerando opciones para proteger a los inquilinos de bajos recursos. Ayer, los miembros del Comité pidieron al Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD) que regrese con recomendaciones concretas para implementar restricciones y regulaciones a nivel municipal en un plazo de 90 días. Sin embargo, no impusieron una moratoria a estas conversiones, como lo pidieron varios inquilinos.





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HOY

16 de agosto, 2006

Comité aprueba medidas que protegen a inquilinos

Por Francisco Castro

Los Ángeles -- El Comité de Vivienda, Comunidad y Desarrollo Económico del Concejo de Los Ángeles aprobó ayer nuevas regulaciones que protegen a los inquilinos que han sido desalojados de sus apartamentos, debido a que sus viviendas han sido convertidas en condominios.

“Aunque veo una reducción en la construcción de condominios, este es un problema serio. Lo que hicimos fue dar un paso gigantesco en la protección de los derechos civiles [de los inquilinos], pero también balancear los derechos de la propiedad privada”, dijo el concejal Herb Wesson, director del Comité.

Las regulaciones incluyen proveer con 1,000 dólares a los inquilinos para sus gastos de mudanza e incrementar el costo de los permisos para la conversión de condominios - de 500 dólares a 1,500 dólares por unidad, en edificios con más de 11 unidades. Además, crear un programa para ayudar a que los inquilinos desplazados compren unidades en los condominios que son construidos como resultado de las conversiones.

Larry Gross, director de la Coalición para el Desarrollo Económico (CES), entidad que lucha a favor de los inquilinos, dijo estar complacido con las recomendaciones, aunque no quedó totalmente satisfecho.

“Estas provisiones proveen algunos beneficios para inquilinos, pero no atacan el corazón del problema, que es que se deben restringir las conversiones de condominios”, dijo Gross, quien apoya una moratoria de por lo menos un año para la construcción de condominios.


El problema es grande, dijo, y añadió que cada mes se derriban o son convertidos en condominios aproximadamente mil unidades de renta controlada. Desde el 2001, 11,000 unidades de renta de este tipo han desaparecido, indicó.

El Concejo aún debe aprobar estas medidas, las cuales se espera sean discutidas este viernes.

 

 

 

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HOY

Protestan contra la construcción de condominios
Anunciantes


Por Francisco Castro Diario HOY


14 de julio, 2006

Century City -- Gloria Morales ha tenido, felizmente, una sola morada por los últimos 32 años de su vida, y está a punto de mudarse - a la fuerza.

“He vivido feliz, pero actualmente estoy viviendo muy triste porque no sé qué hacer. No tengo a donde irme”, dijo Morales, de 75 años de edad y originaria de Guadalajara, México.

Y es que Morales y 50 inquilinos más de los apartamentos Lincoln Place, en Venice, tendrán que abandonar sus hogares el 30 de agosto, debido a que los edificios serán demolidos para darle paso a condominios de lujo. Los precios que cobrarán por la renta de las nuevas unidades del lugar serán inalcanzables para Morales, quien actualmente paga 500 dólares por un apartamento de una recámara.

El dueño de la propiedad le ha ofrecido varios miles de dólares a los inquilino, como lo exige la ley, para que desalojen. Sin embargo, Morales afirmó que esa cantidad apenas le duraría para el primer año de renta en otro lugar cercano. “¿Y qué vamos hacer después?”, preguntó y añadió que su único ingreso es el que recibe del seguro social.

Morales fue una de aproximadamente 100 personas que ayer protestaron frente al Hotel Hyatt Regency Century Plaza, mientras se realizaba una conferencia sobre la construcción de condominios en la Costa Oeste.

“Estamos aquí, protestando y pidiéndoles a las autoridades correspondientes, que pongan inmediatamente una moratoria para que no les den permisos a esta gente de destruir los edificios para convertirlos en condominios de lujo”, dijo Lourdes Soto, de la Coalición para la Sobrevivencia Económica (ECS), organización que organizó la protesta.

Según Soto, la transformación de edificios de apartamentos a condominios de lujo deja sin vivienda a personas de bajos recursos, que no pueden pagar altos costos de la renta al ser desalojados.


Chris Christensen, de condoconversions.com y quien asistió a la conferencia, dijo que entiende los problemas de los inquilinos, pero defiende los condominios como una opción a la falta de vivienda en California. “El sueño Americano es el ser dueño de casa. Los condominios son el primer nivel en la escalera hacia ser dueño de casa”, dijo Christensen. “Los condominios son una oportunidad, no un problema”.

Instó a los manifestantes a enfocar sus esfuerzos en tratar de ser dueños de casa.

“Si pusieran la misma energía que están poniendo aquí hoy, para hablar con la Ciudad sobre los programas para primeros compradores de casa, ellos serían las personas que estarían viendo esta protesta en televisión”, dijo Christensen
 

 

 

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Washington D.C.
Recortes a subsidio afectarán remesas
Alex Aillón Valverde/corresponsal


Los hispanos son el grupo más afectado por la reducción de las subvenciones a la vivienda.

La anunciada reducción de presupuesto en subsidios de vivienda para personas de bajos ingresos en Estados Unidos podría afectar severamente el envío de remesas a América Latina.

Según el salvadoreño, Franklin Campos, coordinador de la Coalición para la Sobrevivencia Económica en Los Ángeles, si se afectan los ingresos de los hispanos también se afectan sus posibilidades de envío.

“Sin subsidios, las familias hispanas de bajos ingresos pueden llegar a pagar hasta el 80 por ciento del total de sus ingresos en renta, y no el 30 por ciento que estaba establecido por la sección 8, que ahora está en riesgo. Con un gasto de este tipo, ya no quedaría nada para mandar a los familiares en nuestros países”, aseguró.

Para Campos, quien llegó con otros 200 delegados a la protesta organizada en las afueras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en Washington D.C., los anunciados recortes niegan la asistencia a los indocumentados.

“Es un proyecto a nivel nacional. En Los Ángeles ya ha comenzado y nuestra gente ya sufre las consecuencias: casas más caras y menos dinero para mandar”, dijo.

Miembros de diferentes organizaciones locales, aglutinadas en torno a la Alianza Nacional de Arrendatarios, denunciaron que el recorte desplazaría de sus hogares a 60 mil familias de bajos recursos este año.

Hispanos, los más afectados

Según la Alianza, el 60 por ciento de los afectados por estas medidas sería hispano.

Ana Cecilia Cardozo, de San Salvador, perteneciente a la Asociación de Inquilinos de West Hollywood, dijo que los métodos de desplazamiento son cada vez más directos.

“Dejan sin arreglo los edificios y los departamentos hasta hacerlos inhabitables, suben los precios de los servicios y llega un punto en que tenemos que irnos”, dijo.

La actual administración anunció que para el año fiscal 2005 se eliminarán 250 mil cupos de la llamada sección 8, el programa que obliga a los propietarios de vivienda a cobrar una renta de menos del 30 por ciento de ingresos de las familias de bajos recursos .

Miembros de la Alianza Nacional de Arrendatarios, predijeron que si la política del presidente de Estados Unidos, George Bush, continúa en ese camino, para el 2009 al menos 600 mil familias quedarían sin hogar.

 

 

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LA OPINION

En la lucha por mejor vivienda

Pulgas y ratas, pandillerismo y contaminacion con plomo son algunas de las condiciones senaladas por las las autoridades en un edificio de  la avenida Bellevue

                        
Agustin Duran
Reportero de La Opinion

13 de mayo de 2004

"Uno no puede entrar al edificio porque esta infestado de pulgas, no puede comer o dormir a gusto sin que se este uno rascando o tratando de matar a esos animales", dijo Eufemio Lozano, padre de familia, al denunciar la falta higiene y la situacion insalubre e insegura en que viven 111 familias, incluida la suya, en un edificio del area angelina de Pico-Union.

Lozano, quien vive en un departamento sencillo con su esposa y cuatro hijos, dijo que las pulgas son lo mas urgente, aunque anadio que hay muchos otros problemas en el 1160 de la avenida Bellevue de Los Angeles, incluida la presencia de pandilleros, ratas y cucarachas y la contaminacion con plomo.

"Lo que queremos es que se terminen esos animales que pueden afectar la salud de nuestros ninos... Tengo una nina de cuatro meses y ya esta toda picoteada", dijo el hombre.

Esta situacion fue la gota que derramo el vaso que llevo ayer a un grupo de inquilinos del edificio West Bellevue a solicitar la ayuda del concejal Ed Reyes para remediar su situacion.

De acuerdo con Lourdes Soto, organizadora de la Coalicion para la Supervivencia Economica (CES), el edificio tiene los problemas mencionados, ademas de techos caidos por la humedad, en la mayoria de sus casi cien unidades de vivienda.

"La gente esta viviendo en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos hasta han enfrentado casos de desalojo injustificado", expreso la activista.


Autoridades de vivienda de Los Angeles han intervenido tambien en este asunto e, incluso, han determinado que los inquilinos solo paguen el 50% de la renta, ya que el dueno se ha negado a responder a las demandas de los ocupantes.

"Ya hay una demanda contra la duena", agrego Soto. "Segun ella, lo que pretende es desalojar a todos los inquilinos, arreglar el edificio y despues elevar el costo de la renta al doble de lo que estas familias pagan ahora".

De acuerdo con la ley de control de alquileres en Los Angeles, los pagos mensuales pueden incrementarse solo entre 3% y 5% al ano para los inquilinos existentes, pero esto no aplica a los nuevos.

La mayoria de los inquilinos en el edificio pagan un promedio mensual de 400 a 600 dolares.

Los abogados de la duena, Monica Hujabi, dijeron a La Opinion que no harian ningun comentario sobre la disputa legal y quejas de los residentes.

El pasado 7 de octubre, los 111 inquilinos entablaron una demanda civil en el Tribunal Superior de Los Angeles, donde acusan a la duena del edificio de violacion de los estandares de salubridad y seguridad del edificio.

"El edificio ha sido analizado por el condado y la ciudad y tampoco ha aprobado los niveles de salubridad requeridos", dijo Julius Thompson, de la entidad Inner City Law Center. "Ademas, la duena ha recibido numerosas peticiones para arreglar los problemas, pero hasta el momento no ha respondido".

El abogado anadio que la propietaria del inmueble quiso hacer reparaciones, pero el problema se intensifico porque los trabajadores rompieron paredes y aparecieron ratas, ratones, pulgas y cucarachas.

"Ahora todos enfrentan el mismo problema", indico Thompson, quien dijo desconocer la fecha exacta en que deben presentarse ante los tribunales. Estamos haciendo todo lo posible para acelerar el caso, para que las condiciones de los habitantes del edificio puedan cambiar pronto".

Por su parte, Ed Reyes, concejal del Distrito 1 donde se encuentra el edificio, dijo que esta trabajando con el procurador de la ciudad, Rocky Delgadillo, cuya oficina ha iniciado las investigaciones pertinentes.

"Manana [hoy] representantes del Departamento de Policia de Los Angeles (LAPD) se entrevistaran con las personas afectadas para analizar la situacion; sin embargo, tenemos que esperar los resultados de las investigaciones del procurador", dijo Reyes. "El problema, incluso, ya esta archivado como un caso penal".

Mientras se encuentra una solucion, Eufemio Lozano, a quien tambien ya le han notificado que debe desalojar su departamento, dijo que por lo pronto "no le queda de otra mas que aguantarse".

"Espero combatir los piquetes de pulgas con un medicamento que he comprado. Ya he pensado en cambiarme de casa, pero el problema principal es que las rentas estan carisimas y mis ingresos no son suficientes", dijo Lozano.



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HOY

Inquilinos recibirán más fondos por desalojo

13 de mayo, 2004

 por Andrea Alegría

Los propietarios  tendrán ahora que pagar más en asistencia de reubicación a los inquilinos que quieran desalojar  sin que éstos hayan cometido faltas, según la ordenanza aprobada ayer por el Concejo de la Ciudad de Los Angeles.

La nueva ley  incrementa el costo de asistencia de 2,000 a 3,200 dólares para inquilinos elegibles y de 5,000 a 8,000 dólares para personas de la tercera edad, personas discapacitadas, y personas con hijos dependientes. El costo de la asistencia no se ha incrementado desde 1987.

"Esto es una victoria para los inquilinos ya que es una forma de desmotivar a los propietarios a iniciar procesos de desalojo", dijo Larry Gross, director de la Coalición para la Supervivencia Económica (CES), quien explicó que los propietarios deben pagar por esta asistencia cuando piden el desalojo de inquilinos por un número de razones.

Por ejemplo, cuando los inquilinos son desalojados para darle un uso comercial a la propiedad, cuando el dueño quiere ocupar la unidad él mismo o con su familia, cuando quiere rehabilitar la unidad considerablemente, cuando ésta se quita permanentemente del mercado de alquiler o cuando se requiere un desalojo para su demolición.  

También se debe pagar asistencia cuando el dueño desaloja para cumplir con una orden de una agencia gubernamental.

El señor Eufemio Lozano quien vive con sus tres hijos y su esposa Lourdes, es uno de los inquilinos del edificio ubicado en la avenida Belview, en el centro de Los Angeles, que asistió la reunión del Concejo junto con representantes de varias familias que se encuentran al borde del desalojo.

"Son alrededor de 20 familias las que están siendo desalojadas de este edificio", confirmó Lozano, añadiendo que se sentía contento por el incremento y que esperaba que ayudara en algo para evitar que fueran desalojados.

Para Lozano, igual que para otros inquilinos, el costo de la renta se ha regido por las leyes de control de renta, y en caso de ser desalojado no podría pagar los costos de una vivienda en ese mismo vecindario ni en la misma área.

La ordenanza entrará en efecto en la primera semana de julio, indicó la Procuraduría de la Ciudad, una vez haya sido firmada por el alcalde James K. Hahn, y se haya publicado por 41 días. 

Según Gross, este incremento ha generado oposición de parte de la Asociación de Apartamentos de Los Angeles. Sin embargo, Kevin Postema quien trabaja para ésta entidad dijo que no harán comentarios hasta no conocer bien los detalles de esta ordenanza.

 

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LA OPINION

Suben pagos por desalojos sin causa

Agustin Duran
Reportero de La Opinion

13 de mayo de 2004

A finales del mes de junio aumentara la cantidad de dinero que los duenos de casas de habitacion o apartamentos de renta tendran que pagar a sus inquilinos al desalojarlos sin tener una justificacion o causa legal.

El Concejo de Los Angeles aprobo ayer por unanimidad una mocion que modifica el Codigo Municipal para asistir a los inquilinos a aliviar el trance de un cambio de vivienda inesperado.

Esta ley, que desde 1987 indemnizaba a los inquilinos sin personas a cargo con dos mil dolares y a las familias con dependientes, hijos discapacitados y personas mayores de edad con cinco mil dolares, dentro de 45 dias aumentara la cantidad a 3,200 y ocho mil dolares, respectivamente.

"Lo que se esta haciendo con esta medida es simplemente ajustar la compensacion al actual indice inflacionario", dijo Josh Kamensky, portavoz del concejal Eric Garcetti, autor de la mocion.

"Buscar otra vivienda adecuada a sus posibilidades, un lugar donde guardar las cosas del hogar, el cambio de escuela de los ninos y los pagos de renta mas altos, entre otras cosas, son situaciones muy dramaticas que una familia tiene que vivir al momento de ser desalojada", explico el portavoz.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalicion de Sobrevivencia Economica, dijo que dicha medida llevara a muchos duenos de edificios o casas de renta a pensarlo dos veces antes de querer deshacerse de sus inquilinos en forma ilegal.

"Muchos dicen que ellos se mudaran a la casa de renta, que tienen que hacer reparaciones o simplemente inventan cualquier pretexto para sacarlos", expreso el director, quien califico la aprobacion como una victoria porque se suponia que la ley, vigente desde 1987, se reevaluaria cada tres anos. Hasta el momento, sin embargo, nunca se hizo tal cosa.


Entre los afectados esta la familia Torres, que tiene tres hijos y esta en proceso de ser desalojada.

"El problema es que hace unos dos meses nos dijeron que abandonaramos la casa", dijo Australia Torres. "No nos han dado una razon concreta y de todas maneras nos dijeron que nos subirian la renta cien dolares".

La familia Torres busco a las autoridades. Un inspector de la ciudad visito la vivienda, pero les informo que se trataba de un apartamento ilegal, no registrado, que debia ser demolido, asi que, de cualquier manera, la familia perderia su hogar. Alli pagaban 550 dolares por mes.

"Mi esposo en estos momentos esta discapacitado para trabajar, porque casi le da un paro cardiaco cuando hace dos meses nos dijeron que nos mudaramos, ya no esta tranquilo", agrego Torres. "A el ahorita solo le dan 155 dolares a la quincena del disability, y esperamos que con este incremento de la ley podamos encontrar donde vivir, ya que las rentas estan por los cielos".

Por su parte, la Asociacion de Duenos de Apartamentos de Los Angeles y la Asociacion de Viviendas de Renta del Condado de Orange y Los Angeles no respondieron a las llamadas de La Opinion buscando un comentario.

 



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LA OPINION

Miércoles, 14 de mayo de 2003

Acuerdo beneficia a inquilinos

Garantiza el compromiso de participación en el programa de la Sección 8

José Fuentes-Salinas,                                       
Reportero de La Opinión

Los inquilinos de varios departamentos de renta subsidiada no tendrán que dejar sus viviendas, gracias a un acuerdo entre la ciudad de Los Angeles y los propietarios de los inmuebles.

El acuerdo aprobado por la juez Judith Chirlin es el resultado de una demanda interpuesta por el procurador de la ciudad el pasado mes de agosto, que impedía que los propietarios de apartamentos se retiraran del programa llamado Sección 8. Este se trata de un convenio del gobierno que ayuda a ciudadanos de bajos recursos a pagar la renta de vivienda, principalmente cuando hay niños.

Según explicó María Torres, representante de Inquilinos Unidos, en muchos casos de la Sección 8, el inquilino paga el 30% de la renta y el gobierno federal el resto.

El acuerdo logrado entre la ciudad y los propietarios de seis edificios de apartamentos, se dio luego de que una organización comunitaria argumentó que los propietarios no habían seguido las reglas de notificar previamente a los inquilinos de sus propósitos de retirarse de dicho programa.

La Coalición para la Sobrevivencia Económica y la Fundación para la Asistencia Legal de Los Angeles le habían pedido al Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Angeles (HACLA) negar la petición de los dueños de apartamentos de retirarse del programa.

Torres explicó que los propietarios pueden salirse del programa por cualquier razón, pero tienen que notificar con 90 días de anticipación a los inquilinos.

La acciones emprendidas por la ciudad de Los Angeles se tomaron también debido a que muchas familias no pueden encontrar vivienda económica.

Steve Renahan, director de la Sección 8 del HACLA, dijo que hasta ahora, menos de la mitad de las familias a las que se les dan vales (vouchers) pueden encontrar un dueño de apartamentos que esté dispuesto a rentar una vivienda que pase la inspección.

La escasez de vivienda barata en Los Angeles es una de las razones que más se ha utilizado para explicar este problema, sin embargo, la representante de Inquilinos Unidos también cita los largos trámites que se siguen para obtener esos beneficios.

“Yo inicié los trámites desde el mes de noviembre para rentar una casa en Monterey Park, y aún no puedo irme a vivir ahí con mis cuatro hijos. El propietario en dos ocasiones ha querido salirse del acuerdo”, dijo Torres.

Los edificios de apartamentos beneficiados con el acuerdo se encuentran en el área de Westlake.

Nota de La Opinión

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 LA OPINION

Miércoles, 14 de agosto de 2002

Medida ayudará a cientos de inquilinos de Sección 8

Concejo aprueba moción para investigar si los dueños violaron las reglas

Victoria Infante,
Reportera de La Opinión

El Concejo Municipal aprobó ayer una moción que podría evitar que miles de inquilinos de bajos ingresos en Los Angeles sean desalojados de sus viviendas.

Con 14 votos a favor y ninguno en contra, el Concejo dio luz verde a la Procuraduría de la Ciudad para investigar si los dueños de varios edificios de apartamentos cometieron faltas a la hora de notificar a sus inquilinos del término de la Sección 8, un programa de subsidios de renta para familias de escasos recursos.

Con esta medida se evitará que los residentes de 237 apartamentos --ubicados en varias partes de la ciudad-- tengan que dejar sus viviendas el 31 de este mes, cuando concluye el programa de subsidios para estos inquilinos.

Ayer, varios de los afectados se presentaron en la reunión del Concejo para denunciar a los dueños que supuestamente han cometido las violaciones y pedir a los miembros que apoyen la medida.

Una anciana de 90 años dijo que hay residentes que viven en esos apartamentos hace más de 25 años, y que los propietarios los han hostigado desde hace meses para que dejen sus viviendas.

"Muchos de ellos son ancianos convalecientes", dijo.

Franklin Campos, organizador del grupo Coalición para la Sobrevivencia Económica (CES), explicó que los dueños de los inmuebles están obligados por ley a enviar una notificación a los inquilinos, con un año de anticipación, indicando la conclusión del programa de subsidios. Pero que esto no significa que los residentes tienen que dejar el apartamento.

"Los que ya viven ahí tienen preferencia para quedarse... El problema es que muchos dueños dicen que no quieren los vales de la Sección 8", sostuvo.

Estos vales son otra forma de subsidio para las familias de bajos recursos. Con el programa de subvención, los inquilinos pagan sólo 30% de la renta regular del inmueble, y el gobierno federal cubre el resto. Una vez que las unidades dejan de pertenecer al programa, los dueños ti